3erPolo Petrolero

El Libertador y el Estado propio














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Por Pedro Elías Hernández
















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Venezuela es un Petro-Estado, es decir, el sector estatal es el dueño de los yacimientos petrolíferos y gasíferos de la nación y además propietario de la industria petrolera. Este modelo ha generado enormes distorsiones en nuestra sociedad, sobre todo desde 1975 cuando se decidió estatizar el negocio de los hidrocarburos.

 

LA PRIMERA EMPRESA PETROLERA FUE VENEZOLANA

 

Antes de la mal llamada nacionalización, en Venezuela existían varias compañías petroleras de capital nacional. Entre ellas podemos recordar a las empresas Mito Juan y Las Mercedes. La explotación y comercialización de los hidrocarburos en nuestro país no la iniciaron las empresas transnacionales, sino una compañía cien por ciento venezolana. Nos referimos a la Compañía Minera Petrolia del Táchira, que desde el año 1882 emitió acciones para democratizar la propiedad de la empresa y al mismo tiempo lograr un proceso de capitalización.

 

La Ley que Reserva al Estado la Explotación y el Comercio de los Hidrocarburos expropió los bienes de las empresas extranjeras que se dedicaban al negocio petrolero, pero también los de las empresas venezolanas que con mucho esfuerzo habían sobrevivido a pesar del avasallante peso de las grandes concesionarias como la Shell y la Exxon Mobil. De esta forma, lo que se hizo en 1975 no fue nacionalizar realmente el petróleo, sino estatificarlo para el provecho y beneficio de los gobiernos de turno.

 

Todos los estudios que se han hecho en el país sobre el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y en relación al empobrecimiento masivo que ha experimentado nuestra sociedad, coinciden en señalar que la caída del ingreso per cápita y el aumento de la pobreza se ubican a partir del momento que el Estado se apropió de los recursos petroleros y su industria. Economistas muy serios como Asdrúbal Baptista y José Toro Hardy, afirman con cifras en la mano que Venezuela tiene aproximadamente 26 años en caída económica, es decir, casi el mismo tiempo que tiene el negocio de los hidrocarburos en manos de los gobiernos de turno.

 

ESTADOS PROPIOS Y ESTADOS IMPROPIOS

 

Adam Smith, uno de los fundadores de la economía clásica hablaba de los llamados "Estados Propios" y "Estados Impropios". Los primeros son aquellos en donde los recursos de una nación están en manos de la sociedad y sus ciudadanos y éstos pagan impuestos al Estado por acceder a ellos y convertirlos en riqueza. Los segundos, son aquellos en donde los recursos de una nación son confiscados de manera monopólica por el Estado para su provecho particular. La sociedad y sus ciudadanos sólo reciben de estos recursos lo que el sector estatal distribuye de manera discrecional. Es decir, las migajas. Los Petro-Estados como Venezuela, entran en la segunda categoría antes referida. El Estado venezolano se apropia del petróleo, que es el principal recurso del país, y lo distribuye en la sociedad a su real saber y entender.

 

Esta situación hace que el Estado no tenga que vivir de la riqueza que produce una sociedad y de los impuestos que paga la gente, por lo que a los gobiernos de turno en Venezuela no les importa mucho la gente ni la suerte de sus ciudadanos. Por eso hemos visto en los últimos 26 años como el sector público, al tener en sus manos a Pdvsa y por ende el control del 80% de los dólares que produce la economía del país, decidió empobrecernos sistemáticamente devaluando la moneda de manera reiterada para financiar su déficit fiscal.

 

En todos los países civilizados y realmente democráticos del mundo, el Estado vive de la riqueza que producen sus ciudadanos, a través del cobro de tributos. Por esta vía la población, al sufragar con su esfuerzo los gastos de funcionamiento del aparato estatal, puede ejercer un control sobre el desempeño de sus gobernantes. Pero cuando el Estado no depende de sus ciudadanos y desarrolla una suerte de autonomía funcional respecto al resto de la sociedad, tarde o temprano se convierte en un azote para esos ciudadanos y para esa sociedad.

 

Por eso, cualquier reforma política, económica e institucional que se quiera echar adelante en Venezuela, debe quitarle el control de los ingresos petroleros al Estado venezolano y procurar que la riqueza que produce el negocio de los hidrocarburos llegue directamente a la sociedad y a sus ciudadanos, sus legítimos dueños. Esa es la verdadera revolución que hay que hacer en nuestro país. Convertir a Venezuela en un país de propietarios y beneficiarios directos de nuestra industria petrolera, es decir, un Estado propio.

 

EL VERDADERO IDEARIO BOLIVARIANO

 

Ya desde 1829, El Libertador Simón Bolívar en un decreto fechado en octubre de ese año consagraba que: "Conforme a las leyes las minas de cualquier clase corresponden a la República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas....".

 

Este decreto del Padre de la Patria tiene una clara influencia proveniente de las ideas de la ilustración y de los enciclopedistas franceses de finales del Siglo XVIII. La riqueza del subsuelo, es decir, las minas, según lo consagraba el derecho hispánico fundamentado en los códigos monárquicos de la casa real de los Habsburgo era propiedad del soberano, pero en la monarquía el soberano es el Rey o el Monarca.

 

La revolución francesa modifica estos derechos nobiliarios y erradica los privilegios patrimoniales, tanto de la monarquía como del clero.

 

Bolívar hace suyo el ideario de la revolución francesa y aun cuando mantiene el principio derivado del derecho hispánico según el cual la riqueza del subsuelo pertenece al soberano, en la República, no obstante, el soberano es el pueblo y no el Rey. Por eso, cuando El Libertador dice en su decreto de Quito que las minas corresponden a la República, se refiere a que pertenecen legítimamente al pueblo. Por eso, a renglón seguido, Bolívar indica en el referido texto que el gobierno de esa República deberá entregar las minas en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, ya que la riqueza del subsuelo es del demonio público y no de ninguna clase o casta privilegiada, ya sea nobiliaria, política o corporativa.
















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