Los contratos de apertura de la industria petrolera celebrados a partir de los años 96 y 97, se establecieron con una duración de unos 25 años. Dichos acuerdos entre las empresas transnacionales petroleras y el Estado venezolano se refería fundamentalmente a las llamadas asociaciones estratégicas y al esquema de ganancias compartidas, en donde el riesgo del negocio (sobre todo la exploración) lo corría únicamente el inversionista privado. El otro instrumento que se aplicó para la apertura fue el de los convenios operativos que consisten en una relación entre el Estado y un operador privado según la cual la estatal petrolera le paga a una empresa por explotar crudo, pero el producto es comercializado por el comprador, en este caso Pdvsa.

Estos acuerdos entre el Estado venezolano y el sector privado (fundamentalmente internacional) se produjeron bajo el imperio de la vieja legislación de hidrocarburos que data del año 1943. Aquellos contratos, sobre todo los de las asociaciones estratégicas que se concentraron en la explotación de petróleo pesado y extrapesado de la Faja del Orinoco, establecían un pago de regalía del 1% y una sociedad en donde el privado podía tener mayoría accionaria en la asociación.

Entre las asociaciones estratégicas y los convenios operativos ya se están produciendo cerca de un millón de barriles diarios de petróleo, es decir el 40% del total que produce realmente la nación. Según los últimos reportes, debidamente acreditados por organismos como la Agencia Internacional de Energía y la propia Opep, Venezuela está produciendo unos 2,5 millones de barriles por día de los cuales, un millón corresponden a la apertura petrolera (empresas privadas) y 1,5 millones a Pdvsa.

A raíz del paro petrolero de diciembre del 2002 y enero del 2003, la estatal petrolera no ha podido recuperarse satisfactoriamente en lo que a su potencial productivo se refiere. El egreso de personal calificado de la empresa en materia de experticia geológica ha hecho que no se puedan acometer los trabajos de mantenimiento y repotenciación de pozos ya activos y tampoco la perforación y puesta en producción de otros nuevos para atender la declinación natural de producción que todos los años se produce de los yacimientos petrolíferos, la cual se calcula en aproximadamente un 25%.

Por otra parte los problemas de flujo de caja de Pdvsa, debido a las presiones fiscales del Gobierno, ha impedido que se hagan las inversiones anuales que normalmente deben hacerse para la recuperación de la producción, lo cual asciende a unos 3 mil a 4 mil millones de dólares.

En definitiva, al aumentar la producción de las operadoras privadas y al decaer sustancialmente la de Pdvsa, se está produciendo una suerte de privatización no declarada de la industria petrolera venezolana. Si a esto le agregamos los comentarios sobre el otorgamiento de permisos de explotación de yacimientos como el del campo conocido como Tomoporo a empresas como la Exxon Mobil, Chevron Texaco y otras de Europa, tenemos que el régimen de Chávez se ha visto en la necesidad de acudir a estos inversionistas extranjeros en el área petrolera para apuntalar la producción de crudo en el país debido a la incapacidad del estado para hacerlo por sí solo.

La situación se pone difícil cuando ya en este año 2004 se empiezan a vencer los contratos de apertura, los cuales si bien es cierto se establecieron en su mayoría para 25 años, no obstante tienen cláusulas según las cuales, por ejemplo, durante los primeros 8 años se conceden pagos de regalías preferenciales (1%) para los desarrollos de la Faja del Orinoco. Al caducar este período se debería aplicar la regalía que establece la nueva Ley de Hidrocarburos aprobada en el paquete de las 49 leyes habilitantes del 2001 que dispone una regalía fija de 30% y otra mínima de 20% para la explotación de los crudos pesados de la Faja. Otro de los factores que está influyendo es lo que tiene que ver a la disposición que establece la vigente Ley de Hidrocarburos en el sentido de que se obliga al Estado venezolano a tener mayoría accionaria en las asociaciones que se establezcan en una relación mínima de 51% y 49% a favor del sector estatal.

Esta situación está provocando desinversión en el sector petrolero venezolano por parte del capital privado. Las inversiones que durante todos estos años de apertura estuvieron en el orden de los 3 mil a 4 mil millones de dólares al año, en el 2003 apenas se colocaron en 1.500 millones. Las asociaciones estratégicas de la Faja que en este momento aportan alrededor de 500 mil barriles diarios están viendo vencer la regalía preferencial de 1% que se negoció cuando se inició la apertura hace 8 años y ahora tendrán que pagar el 20% que estipula la presente legislación.

Igualmente la obligación de estar en minoría accionaria por parte de las empresas petroleras privadas en sus asociaciones con Pdvsa, hace que se genere inhibición de inversiones por el riesgo que supone depender de las decisiones que los gobiernos puedan tomar en materia gerencial, sobre todo aquellas que puedan verse afectadas por razones de índole política y no estrictamente mercantil o económica.

Todo esto está llevando a que se empiece a considerar seriamente en la posibilidad de revisar la legislación de hidrocarburos ya que sería la única forma de captar las inversiones que hacen falta para evitar la caída drástica de la producción petrolera venezolana y por ende de los ingresos fiscales por este concepto. De hecho, esto ya está sucediendo debido a que los crudos producidos por las asociaciones estratégicas y los convenios operativos pagan mucho menos al fisco que lo que aportan los crudos producidos por Pdvsa. Como ya se señaló antes, la producción privada de petróleo ya representa el 40% del total de los volúmenes que se extraen de las entrañas de la tierra venezolana.

¿Continuará y profundizará este Gobierno revolucionario la privatización de la industria petrolera venezolana al promover un cambio a la Ley de Hidrocarburos que así lo permita? Ya veremos.