Venezuela es un petroestado. Es decir, el sector estatal es el dueño de los yacimientos petrolíferos y gasíferos de la nación y además es propietario de la industria petrolera. Este modelo ha generado enormes distorsiones en nuestra sociedad, sobre todo desde 1976 cuando se decidió estatizar el negocio de loas hidrocarburos.

Antes de la mal llamada nacionalización, en Venezuela existían varias compañías petroleras de capital nacional. Entre ellas podemos recordar a la empresa Mito Juan y Las Mercedes. La explotación y comercialización de los hidrocarburos en nuestro país no la iniciaron las empresas transnacionales, sino una compañía cien por ciento venezolana. Nos referimos a la Compañía Minera Petrolia del Táchira, que desde el año 1882 emitió acciones para democratizar la propiedad de la empresa y al mismo tiempo lograr un proceso de capitalización.

La Ley que Reserva al Estado la Explotación y el Comercio de los Hidrocarburos expropió los bienes de las empresas extranjeras que se dedicaban al negocio petrolero, pero también los de las empresas venezolanas que, con mucho esfuerzo, habían sobrevivido a pesar del avasallante peso de las grandes concesionarias como la Shell y la Exxon Mobil. De esta forma lo que se hizo en 1976 no fue nacionalizar realmente el petróleo, sino estatificarlo para el provecho y beneficio de los gobiernos de turno.

Todos los estudios que se han hecho en el país sobre el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y en relación al empobrecimiento masivo que ha experimentado nuestra sociedad, coinciden en señalar que la caída del ingreso per cápita y el aumento de la pobreza se ubican a partir del momento en que el Estado se apropió de los recursos petroleros y su industria. Economistas muy serios como Asdrúbal Baptista y José Toro Hardy afirman, con cifras en la mano, que Venezuela tiene aproximadamente 26 años en caída económica, es decir, casi el mismo tiempo que tiene el negocio de los hidrocarburos en manos de los gobiernos de turno.

Adam Smith, uno de los fundadores de la economía clásica, hablaba de los llamados "Estados Propios" y los "Estados Impropios". Los primeros son aquellos en donde los recursos de la sociedad están en manos de los ciudadanos y éstos pagan impuestos al Estado por tener derecho a acceder a ellos y convertirlos en riqueza. Los segundos son aquellos en donde los recursos de una sociedad son confiscados de manera monopólica por el Estado para su provecho particular. Los ciudadanos sólo reciben de estos recursos lo que el sector estatal distribuye de manera discrecional. Es decir, las migajas. Los petroestados, como Venezuela, entran en la segunda categoría antes referida. El Estado venezolano se apropia del petróleo, que es el principal recurso del país, y lo distribuye en la sociedad a su real saber y entender.

Esta situación hace que el Estado no tengan que vivir de la riqueza que produce una sociedad y de los impuestos que paga la gente, por lo que a los gobiernos de turno en Venezuela no les importa mucho la gente ni la suerte de sus ciudadanos. Por eso hemos visto en los últimos 26 años cómo el sector público, al tener en su manos a Pdvsa y por ende el control del 80% de los dólares que produce la economía del país, decidió empobrecernos sistemáticamente devaluando la moneda de manera reiterada para financiar su déficit fiscal.

En todos los países civilizados y realmente democráticos del mundo, los estados viven de la riqueza que producen sus ciudadanos, a través del cobro de tributos. Por esta vía la población, al sufragar con su esfuerzo los gastos de funcionamiento del aparato estatal, puede ejercer un control sobre el desempeño de sus gobernantes. Pero cuando el Estado no depende de sus ciudadanos y desarrolla una suerte de autonomía funcional respecto al resto de la sociedad, tarde o temprano se convierte en un azote para esos ciudadanos y para esa sociedad.

Por eso, cualquier reforma política, económica e institucional que se quiera echar adelante en Venezuela, debe quitarle el control de los ingresos petroleros al Estado venezolano y procurar que la riqueza que produce el negocio de los hidrocarburos llegue directamente a la sociedad y a sus ciudadanos, sus legítimos dueños. Esa es la verdadera revolución que hay que hacer en nuestro país: Convertir a Venezuela en un país de propietarios directos de nuestra industria petrolera, es decir, una nación de 24 millones de petroleros.